Incertidumbre en las Estaciones de Servicio por la posible sanción de un decreto que impone la “propina obligatoria”

La medida que se aplica en diferentes lugares del mundo y que a nivel nacional se transformó en una costumbre que depende de la voluntad del consumidor, avanza hacia el blanqueo.

El anuncio del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, puede producir un cambio histórico con la posible sanción de una ley que formalizará la inclusión de la propina en las facturas de bares y restaurantes.

La medida impulsada por el flamante funcionario y respaldada por el presidente Javier Milei, promete “mejorar los salarios del sector gastronómico” y solucionar la recurrente problemática de la falta de efectivo, pero abre la posibilidad a que otras actividades como la de las Estaciones de Servicio y tiendas de conveniencia puedan luego ser incluidas en esta regla.

Esta decisión de avanzar con la iniciativa, obligaría a los gremios a reestructurar sus convenios laborales, ya que las propinas pasarían a ser reconocidas como parte del sueldo de los trabajadores. Los establecimientos también tendrían que readaptar sus sistemas de facturación, lo que implicaría un aumento en los costos operativos y administrativos, hecho que también pone en vilo a los expendedores de combustibles ya que ambos rubros poseen en sus acuerdos laborales puntos en común.

La idea de una propina obligatoria no es nueva en Argentina. En 2019, Luis Barrionuevo, histórico líder de UTHGRA, había solicitado su inclusión oficial en las facturas con un laudo del 14 por ciento al 18 por ciento, dependiendo de la categoría y facturación del local. Aún más atrás en la historia, el “laudo gastronómico” del 10 por ciento fue impuesto en 1945 por Juan Domingo Perón, permaneciendo vigente hasta la dictadura de 1955, y reinstaurado brevemente en 1973 antes de ser eliminado nuevamente en 1980